Desde La Asamblea Ciudadana Por Torrelavega queremos hacer público nuestro voto del  pleno  que tendrá lugar mañana, día 19 de Marzo  respecto al punto 3.1 del orden del día  denominado - Adhesión a la propuesta de  convenio de las concursadas Sniace S.A.., Celltech S.L.U. y Viscocel S.L.U.-

La deuda de SNIACE con el Ayuntamiento de Torrelavega asciende a 2.318.813,08€. Esta decisión, de gran trascendencia afecta a 130.415,56€ (según la versión del Ayuntamiento) 258.071,50€ (según la decisión de la empresa), que están inmersos en un contencioso por determinar esta cantidad.

Nuestro voto será de abstención ante la propuesta que desde el equipo de gobierno de reconvertir la deuda ordinaria y subordinada que mantienen estas empresas (Celltech y Viscocel) con el Ayuntamiento de Torrelavega y que asciende a 130.415,56€ según el Ayuntamiento o 258.071,50€ según SNIACE, en un préstamo participativo que cobraríamos una vez la empresa obtenga beneficios en un plazo de 15 años.

Esta propuesta supone, en la práctica, renunciar a cobrar parte de lo que nos pertenece a las y los ciudadanos de Torrelavega, prevaleciendo el principio de socialización de deudas y pérdidas mientras que los beneficios, cuando estos se producen, son de carácter privado. No entendemos por qué hay que convertir parte de la deuda en incertidumbre, incertidumbre para los vecinos de Torrelavega, pues no se sabe si el dinero se acabará recuperando ó lo perderemos para siempre.

Hay que recalcar que esta deuda la tiene una empresa privada, SNIACE, -en concreto sus accionistas- con el Ayuntamiento, administración pública por tanto y caja común de los ciudadanos de Torrelavega.

Teniendo en cuenta esto, desde ACPT queremos subrayar la diferencia de trato que las leyes otorgan a ciudadanos y empresas: no se tiene ninguna consideración con los vecinos o autónomos que tienen algún tipo de deuda contraída con la administración, es decir, a estos se les aplica todo el peso de la Ley llegándose a embargar nóminas o propiedades para el cobro de estas deudas.

El máximo responsable de la situación de la empresa es su dirección y gestión empresarial y su Consejo de Administración, cuyos consejeros cobraron 786.000€ en el año 2014 mientras la empresa arrojaba unas pérdidas de 11,2 millones de Euros

En la Asamblea Ciudadana  estamos hartos del chantaje constante al que nos somete la dirección de esta factoría, utilizando como rehenes a unos trabajadores que no tienen culpa ninguna de la situación a la que se ha llegado y son unas victimas de su errónea gestión.

Apoyamos, hemos apoyado y apoyaremos la lucha de trabajadores por mantener su puesto de trabajo y los derechos laborales y sociales conquistados en las más altas cotas. Así nos hemos comportado con casos como Papelera del Besaya, SERCA, Torrebús, Konecta, Golden Line y también, por supuesto, en el caso de SNIACE, acompañándoles en las movilizaciones y poniéndonos a su disposición en todo lo que estuviera a nuestro alcance, desde nuestra humilde posición como grupo político de oposición en el Ayuntamiento.

El marco jurídico actual está diseñado para facilitar la socialización de las deudas y pérdidas de las empresas. Ante esta situación, manifiestamente desfavorable para las finanzas públicas, el estado no hace ningún cambio legislativo en aras de que prevalezca el interés de salvaguardar el dinero de tod@s. En cambio, cuando se trata de defender el interés de unas pocas empresas, no se tiene ningún rubor en modificar la legislación hasta el punto que sea necesario, aún a costa de rebajar los niveles de exigencia de los niveles de contaminación con los perjuicios que ello causa a la calidad ambiental de la Comarca y a la salud de tod@s.

Entendemos que ninguna de las tres opciones iniciales ni ésta por la que opta el equipo de gobierno se corresponde con una postura de firmeza suficiente en la defensa del interés público y colectivo tanto de las arcas municipales como de los impuestos y el patrimonio de todos los ciudadanos de Torrelavega.

Por tanto, no aceptamos esta opción y no vamos a ser cómplices de una decisión discriminatoria respecto al resto de ciudadanos y autónomos de Torrelavega en el trato que desde el Ayuntamiento se les dispensa; por todo ello nuestra postura ante la propuesta planteada será la de abstención.