El sector autonómico de CCOO de Cantabria exigirá al nuevo Gobierno regional que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) se convierta en una Dirección General dependiente de la Consejería de Sanidad, al igual que la de Salud Pública o Atención Sanitaria, para que deje de ser un organismo autónomo y sean las Consejerías de Sanidad y la de Presidencia las que negocien con el comité de empresa y con la junta de personal, en igualdad de condiciones que el resto de consejerías, los derechos y las obligaciones de los empleados públicos. 

El responsable del sector público de CCOO, Javier González, ha explicado que los funcionarios y laborales que trabajan en el ICASS “tienen menos derechos” que el resto de los empleados públicos de la Administración General porque este organismo “ha marcado sus propias normas” al margen de los acuerdos vigentes, ya sea el Acuerdo-Convenio para los funcionarios como el VIII Convenio Colectivo para los laborales, dos acuerdos que recogen derechos como festivos, vacaciones o sustituciones. 

González ha criticado que en las normas que ha promovido el Partido Popular en estos últimos cuatros años para el ICASS hay adendas que contemplan “horarios especiales” lo que provoca que los derechos de los trabajadores “queden reducidos a necesidades del servicio o sorteos que impiden la conciliación de la vida laboral con la familiar”, incumpliendo su promesa de promulgar leyes para favorecer esta conciliación. 

CCOO ha informado que en la actualidad el ICASS cuenta con 24 centros de trabajo repartidos por toda la región en los que trabajan 1.006 empleados públicos con una temporalidad de más del 45 por ciento de su plantilla, y ha denunciado que el Partido Popular no ofertara ninguna plaza en la Oferta Pública de Empleo de 2015, a pesar de que el Gobierno central permite cubrir hasta un 50 por ciento la tasa de reposición de efectivos. 

González recuerda que este problema “viene de lejos” y ha acusado al Ejecutivo anterior de realizar una “mala gestión” de las sustituciones del personal y de “utilizar” al ICASS como instrumento para cerrar “por problemas presupuestarios” la Residencia La Pereda y externalizar con dinero público el Centro de Día de Castros Urdiales lo que ha provocado que el capítulo I de personal se redujera considerablemente