LA UNIÓN (LU) denunció que “la contratación de 4.000 parados” para la que el Gobierno Regional destinará 28 millones de euros, “no está reservada a personas en riesgo de exclusión social”, ya que “sólo hay que estar inscrito el día antes a empezar a trabajar”, y acusan al Gobierno Regional, “en connivencia son sus Alcaldes”, de “expulsar del control de las contrataciones al Servicio Cántabro de Empleo”, para que sean “los propios Alcaldes en campaña electoral los que decidan a quién contratan y a quién no”.

El Presidente de la formación política, Rafael Sebrango afirmó que “sólo uno de cada diez Ayuntamientos va a hacer una selección decente” de los parados a contratar, “En el 90% de los Ayuntamientos, ya saben de antemano los interesados quién va a ser contratado”, pues la medida “ha sido pedida por los Alcaldes del PP, para poder contratar en período electoral a simpatizantes y afines al Alcalde, con el único fin de garantizarse la reelección”.

Para ello, prosiguió, “han eliminado cualquier intervención de los funcionarios del Servicio Público de Empleo”, que “contratarían en función de la capacitación para el puesto, y las necesidades familiares del parado”, y que eran los que lo venían haciendo en anteriores convocatorias.

En el texto de la Orden de la Consejería de Economía, que regula estas contrataciones, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria del 13 de Octubre, señala en su artículo 13 que “La Condición de persona desempleada e inscrita habrá de acreditarse el día anterior a su contratación”.

Asimismo, el mismo artículo 13 señala “quién selecciona a los candidatos, y no es otro que el propio Ayuntamiento”.

Con este sistema, señaló “Cantabria no garantiza que los fondos que recibimos del Fondo Social Europeo, que paga el 50% del coste, se destinen al objetivo de la inclusión social”.

Además, añadió “al decidirse que la selección de los candidatos la hará el propio Ayuntamiento, se favorece el amiguismo, el enchufismo, y la corrupción electoral”.

La acción de contratar desempleados, continuó, “se obliga a que empiece en Febrero, para que así la contratación englobe el período electoral”.

“Estamos a favor de contratar desempleados, pero que los seleccionen los funcionarios de Empleo”, y además “que se contrate con preferencia absoluta a los que estén en situación de exclusión social”, y no, a los que “simplemente estén apuntados como parados el día antes de la contratación”.