El Consejo de Administración de Cantur ha acordado este viernes iniciar acciones penales por posible malversación y fraude en la operación de venta del Racing contra los exconsejeros de Turismo, Francisco Javier López Marcano (PRC), y Economía, Ángel Agudo (PSOE); y el exconsejero delegado CEP Cantabria, Luis Egusquiza, y también contra el administrador de Dumviro Ventures y anterior propietarios del Racing, Jacobo Montalvo, este último en calidad de "cooperador necesario" y responsable civil subsidiario.

Las acciones penales se incoan por posibles delitos de malversación de caudales públicos y fraude a ente público o, en su caso, delito societario por administración de caudales públicos.

Y podrían extenderse a otras personas que "resulten responsables en la instrucción penal que se practique", según recoge el acuerdo adoptado este viernes que ha difundido, en un comunicado, el Gobierno de Cantabria.

Agudo, López Marcano y Egusquiza serán denunciados por estos delitos como autores materiales y Montalvo en calidad "de cooperador necesario".

Además, se le exigirá "responsabilidad civil subsidiaria a título lucrativo que fuera pertinente", según recoge el acuerdo.

El consejero de Turismo, Eduardo Arasti, anunció en el último pleno del Parlamento la decisión que este viernes ha sido ratificada por Cantur y que se sustenta en un informe encargado por esta empresa pública.

Las denuncias responden a la pérdida patrimonial sufrida por Cantur como consecuencia de la operación de compraventa del Racing, que, según el Gobierno, alcanza los seis millones de euros.

El informe en el que se basa la empresa pública para emprender acciones penales señala que los hechos que pudieran tener relevancia penal son la rebaja injustificada del precio de cesión del préstamo participativo que debía abonar Dunviro a Cantur, que se redujo en más de 1,2 millones de euros sobre la cifra que la sociedad tenía que percibir.

Y en segundo lugar, la pérdida irrecuperable de las garantías que tenía la empresa pública para cobrar ese préstamo y su "levantamiento injustificado" sin establecer otras garantías que aseguraran la obligación del pago íntegro de la deuda con Cantur.