Llevamos tiempo escuchando que las VPO no son necesarias viendo la cantidad de stock de vivienda vacía que hay en nuestros pueblos y ciudades... Y, sinceramente, creo que precisamente por ello son más necesarias que nunca.
 
Expliquémonos. La Vivienda de Protección Oficial o Vivienda Pública es un mecanismo que pretende cumplir con el artículo 47 de la Constitución Española y garantizar a la ciudadanía el derecho a tener una vivienda digna. Sin embargo, hay algunos Ayuntamientos pervierten el fin social que deberían tener este tipo de viviendas y las ofertan a precios demasiado similares a las viviendas libres o, en algunos casos, en condiciones mucho menos ventajosas, siendo Santander el ejemplo más claro de esta práctica, lo que les hace tener un abultado stock de VPO sin asignar.
 
Esto no significa que la gente no necesite una VPO, lo que significa es que no se ponen los medios adecuados para que la gente acceda a una VPO. Si realmente se buscara un fin social con ellas y no la simple ilusión de mantener con vida un maltrecho gremio de la construcción, insuflándole estímulos de manera artificial como estos, se buscarían fórmulas para que, quien realmente lo necesite, pudiera acceder a ellas.
 
Tan simple sería esta cuestión como adoptar el alquiler social. Un alquiler a un precio mucho más bajo del que marca el mercado y que no sólo libraría a las administraciones de su stock de vivienda, sino que garantizaría que todo aquél que necesita una, la tuviera. Estamos hablando de un precio que supusiera entre el 15 y el 20% del salario mínimo interprofesional. Un precio que tanto jóvenes como desempleados pudieran hacer frente y que, siendo la administración la titular de la vivienda, pudiera negociar las condiciones en casos extremos sin necesidad de desahuciar a nadie.
 
Además, con esto, se conseguirían dos cosas:
 
La primera, en una sociedad tan acostumbrada a tener las viviendas en propiedad (cosa que no es tan habitual en el resto de Europa, donde funciona mucho mejor el contrato de alquiler), el inquilino podría pasar a ser el titular de la vivienda cuando pagara el total del importe de la misma mediante sus alquileres, de la misma forma que haría frente a una hipoteca, pero sin las condiciones abusivas que, muchas veces, imponen las entidades financieras.
 
La segunda es que, si el inquilino decidiera abandonar la vivienda antes de llegar al pago total de la misma, la administración pública podría volverla a dedicar al alquiler, volviendo a iniciar el proceso anterior con un nuevo inquilino y habiendo sacado un beneficio por la misma.
 
Por todo esto, tanto yo como Juventudes Socialistas creemos que el fin de las VPO, bien entendido y no como se está aplicando, es quizá más necesario que nunca. Al igual que consideramos que el permitir, como se está permitiendo, que incluso empresas privadas puedan entrar a comprar estas viviendas solo sirve para intentar sentar las bases a un nuevo tiempo de especulación urbanística y apostar, nuevamente, por un sistema del ladrillo que ya ha demostrado no ser viable... ¿O quizá sea que hay políticos que no son capaces de esquivar la piedra y se dirigen inexorablemente a tropezar con ella una y otra, y otra, y otra vez, y las veces que sean necesarias para mantener algún interés espurio?